La acción emprendida por
la comunidad de Cherán, Michoacán en la madrugada del 15 de abril de 2011
cuando las comuneras decidieron detener a los camiones utilizados para extraer
ilegalmente los recursos maderables propiedad de los “narcotalamontes” marcó un
momento histórico no solo para frenar a la ola de violencia que se vivía en la
comunidad desde años atrás, sino todo el proceso de auto organización que
inició la comunidad para demandarle al Estado mexicano el respeto, ejercicio y
reconocimiento de los derechos colectivos, de manera particular, el derecho al
autogobierno. Con esta movilización emprendida, no sólo se sacó a los “narcotalamontes”,
sino también expulsaron a los integrantes del gobierno municipal, por estar
involucrado en estas prácticas delictivas[1], tomando de esta forma el
control de su comunidad.
En este contexto social
y político se inicia la lucha legal por la obtención del reconocimiento a
elegir a sus autoridades municipales en base al sistema normativo propio que de
facto viene realizando la comunidad desde siglos antes de la conquista
española, pero que de jure no estaba reconocido en la Constitución local.
Fue así, que el 06 de
junio de 2011 Cherán, presentó un escrito ante diversas autoridades, entre
ellas al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en el cual se hacía del conocimiento
de los problemas de inseguridad y desconfianza hacia los partidos políticos;
comunicando también, la decisión de la asamblea general del 01 de junio de 2011
de no participar ni permitir la celebración del proceso electoral en dicho
municipio en tanto sus habitantes no gozaran de las garantías otorgadas por las
constituciones Nacional y Estatal. Nuevamente el 31 de agosto de 2011 los integrantes
de la citada comunidad presentaron un documento del cual se desprendía que el 24
de agosto de 2011, se celebró asamblea comunal para la elección de sus
autoridades, en la cual se determinó solicitar al IEM el respeto y respaldo del
nombramiento de sus autoridades con base en el derecho indígena de la
comunidad.
En
respuesta a dicho escrito, el 09 de septiembre de 2011, el Consejo General del IEM
emitió el Acuerdo CG-38/2011 en el que determinó que dicho órgano carecía de
atribuciones para determinar lo conducente a la petición de la comunidad, es
decir, celebrar elecciones bajo sus “usos y costumbres”. En particular estimó
que el régimen de elección de autoridades municipales por “usos y costumbres”
no se encuentra reconocido en la legislación local, por lo que concluyó carecer
de competencia para resolver la solicitud de la comunidad.
Ante dicha respuesta,
la comunidad promueve directamente ante la Sala Regional correspondiente a la
Quinta Circunscripción Plurinominal del TEPJF, con sede en Toluca, Estado de
México, demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, con fecha del 15 de septiembre de 2011.
Después de un proceso
interpretativo desde diversos ámbitos de competencia de la autoridad
jurisdiccional en la materia, finalmente con fecha 02 de noviembre de 2011, la
Sala Superior del TEPJF resuelve lo relativo en el expediente
SUP-JDC-9167/2011, en donde determina que “los integrantes de la comunidad
indígena de Cherán tienen derecho a solicitar la elección de sus propias
autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos” (segundo resolutivo).
Del reconocimiento del
derecho al autogobierno se desprende otro derecho muy importante que es el
derecho a la consulta. Debidamente argumentada por el máximo tribunal, mismo
que en su resolución ordenó al IEM y al Congreso estatal a hacer todo lo
necesario para que, una vez realizada la consulta para “confirmar” lo ya
decidido por la comunidad (elección de autoridades) se respetara tal ejercicio
de libre determinación y autonomía y reconocer a las autoridades designadas
conforme al derecho propio. Es de resaltarse que el derecho a la consulta de los
pueblos y comunidades indígenas juega un papel trascendental en la
configuración de las decisiones que se adopten, respetándose siempre los parámetros
internacionalmente reconocidos como son: el consentimiento libre, previo e
informado, a efecto de que el acuerdo o consentimiento obtenido tenga la
validez y legitimidad correspondiente.
Finalmente, el 5 de
febrero de 2012 se celebró la toma de posesión de los 12 K’eris integrantes del
K’eri Janaxkaticha.
Del caso mencionado, se visualiza
una lectura garantista, la justiciabilidad de los derechos colectivos de la
comunidad no estaba restringida por el
hecho de que no se estableciera en forma expresa en la legislación local el
derecho a elegir autoridades municipales conforme a los” usos y costumbres”.
Era eminente la interpretación de acuerdo al control de constitucionalidad y
control de convencionalidad, al existir derechos consagrados en el marco
jurídico constitucional, así como en los instrumentos internacionales que ha
firmado y ratificado el gobierno mexicano, como es el Convenio 169 de la OIT y
diversos Tratados en que ha sido parte el Estado.
Es de reconocer también,
la sentencia en mención, ya que no sólo estableció las condiciones jurídicas
necesarias para que la citada comunidad eligiera y le reconocieran dentro del
marco legislativo local a sus autoridades municipales electas conforme al
derecho propio, sino que marca el tránsito de un verdadero ejercicio de la
cultura de la legalidad, igualdad y democracia, entendida ésta como una forma
de vida sostenible para cada sujeto, sea en lo individual o colectivo.
[1]
“La campaña del candidato ganador de la última
elección celebrada por el sistema de partidos fue financiada por la mafia, a
cambio de tolerar la devastación de los bosques. Una vez ganada la elección
nombró como policías municipales a fuereños, que estaban al servicio de la
mafia”.Turati Marcela y Castellanos Francisco. Rebelión contra la mafia michoacana, Revista Proceso, 22 de julio
de 2012, p.32.
